El sindicato STAS Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por lo que considera una creciente «politización» en la administración pública bajo el mando de Emiliano García-Page. En una reciente rueda de prensa, Gustavo Fabra, portavoz del sindicato, reveló que en la última década el número de altos cargos en la Junta de Comunidades ha aumentado en un 50%, lo que a su juicio configura un panorama de favoritismo. A raíz de una sentencia judicial que anula la creación de 98 puestos de libre designación en 2019, se cuestionaron las decisiones del Gobierno regional, que en ocasiones, según Fabra, responden no a la necesidad de personal, sino a «subidas de sueldo en cubierta».
Además, el sindicato ha denunciado la implementación de la Ley de Simplificación Administrativa, que consideran una forma de «privatización encubierta». Fabra advierte que la utilización de «entidades colaborativas» para gestionar recursos públicos podría llevar a colocar a personas afines en puestos clave, sin la supervisión de los sindicatos. Este hecho generaría una gestión pública que, aunque financiada con dinero público, carecería de las garantías y la transparencia necesarias, al usurpar potestades originalmente del sector público.
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