El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. González Amador acusó a Montero de calumniarlo al afirmar que reside en un piso financiado mediante un fraude a la Hacienda Pública y de ser un «delincuente confeso». Sin embargo, la Sala de lo Civil ha respaldado la libertad de expresión, considerando que las declaraciones, aunque puedan resultar «inconvenientes» o «imprecisas», se inscriben en un debate público legítimo y no vulneran su derecho al honor.
El tribunal argumentó que González Amador es un personaje público debido a su relación con una figura política relevante y, por ende, está sujeto al escrutinio social. La sentencia subraya que las afirmaciones de Montero, aunque puedan ser políticamente discutibles, no constituyen insultos y están fundamentadas en hechos que son de interés general. A pesar de las impresiones negativas que puedan generar, el Tribunal ha dejado claro que su crítica forma parte del debate político y no implica una difamación legalmente reconocida.
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