La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado autorización judicial para registrar las instalaciones de la empresa ‘Obras Públicas y Regadíos SA’ (OPR) en Toledo, en el marco de la investigación sobre un posible entramado de adjudicaciones fraudulentas. Según un informe enviado al Tribunal Supremo, la UCO investiga la implicación de OPR en la obtención irregular de contratos de obra pública durante la gestión del exministro José Luis Ábalos, con indicios de pagos no justificados a Koldo García Izaguirre, principal investigado del caso.

La presión sobre la cúpula política se intensifica, coincidiendo con la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha sido mencionado en el mismo informe de la UCO. Se alega que Cerdán recibió pagos en efectivo para facilitar la adjudicación de contratos de obra. Las pesquisas, que abarcan múltiples exresponsables y varias empresas del sector, tienen a OPR en el centro del caso, lo que refleja la profundidad y la gravedad de la trama de corrupción que se investiga.

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