El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reclamado una nueva financiación autonómica y local que incorpore el gasto que supone mantener los servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales en zonas afectadas por la despoblación.
Ha sido durante su intervención en la inauguración del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico celebran a lo largo de dos días en la ciudad de Albacete, en la que ha intervenido la vicepresidenta tercera del Gobierno Central y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la vicepresidenta primera de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefa Navarrete; el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez; y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares.
Un nuevo modelo de financiación que, tal y como ha destacado, premia poner en marcha más medidas para frenar la pérdida demográfica que afecta a buena parte del territorio de Castilla-La Mancha y hacer frente al coste efectivo y real que supone mantener los servicios públicos en esos territorios. Unos costes, que en el caso de la Atención Primaria, “cuestan cuatro veces más en las zonas afectadas por despoblación que en las zonas que tienen población suficiente, y esto se puede trasladar a la educación o la atención a la dependencia”, ha declarado el vicepresidente.
50 municipios más beneficiados por la fiscalidad diferenciada
Asimismo, Martínez Guijarro ha recordado las medida que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha venido implantando desde el año 2015 en esta materia y que quedan plasmadas en la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una norma novedosa, pionera a nivel nacional y que incorpora la fiscalidad, por primera vez en la historia de nuestro país, como herramienta de discriminación positiva para convertir a los pueblos “en lugares atractivos para vivir y para invertir”, ya que supone la reducción de hasta el 25 por ciento de la cuota del tramo autonómico de IRPF por el hecho de vivir en estos pueblos.
En este punto, ha avanzado que el Gobierno regional ha ampliado las medidas fiscales a otras nuevas zonas de la región, lo que se traduce en que “hay 50 municipios más que en la próxima declaración de la renta se van a poder beneficiar de las deducciones fiscales que incluye la Ley”. En concreto de la desgravación de entre el 10 y 15 por ciento del IRPF por residencia habitual en estas zonas. Se trata, tal y como ha explicado, de municipios que están en zonas en riesgo de despoblación y zonas intermedias.
Por otro lado, el vicepresidente ha subrayado el esfuerzo presupuestario que se ha plasmado en la Ley de Presupuestos regionales para el 2023 donde se incluye, también por primera vez en España y Europa, la Memoria de Impacto Demográfico donde se recogen los 1700 millones de euros que se van a destinar a medidas contra la despoblación. Eso supone el 25 por ciento del presupuesto efectivo de la Comunidad Autónoma para esta anualidad, y el 3,6 por ciento del PIB de la región.
Finalmente, Martínez Guijarro ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a proponer a las cinco diputaciones provinciales de la región la firma de un acuerdo para llevar a cabo “una agenda común” a través de la que aunar esfuerzos en la lucha contra la despoblación. El objetivo, ha dicho, es sumar a esa estrategia la actuación que hacen cada una de las cinco diputaciones y “sacar una mayor rentabilidad y eficacia a los recursos”.
IV Congreso Nacional Despoblación y Reto Demográfico
A lo largo de los dos días en los que se desarrolla el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico en la ciudad de Albacete, pasarán por el Teatro Circo más de 40 ponentes que debatirán y aportarán propuestas de actuación y análisis frente a la disminución de la población que afecta al mundo rural de nuestro país.
Durante las sesiones se escuchará a representantes de entidades locales, ayuntamientos y diputaciones; del Gobierno de España; de Gobiernos regionales, además de universidades y otras organizaciones para abordar factores como el papel de la ciencia y la investigación para el equilibrio territorial de la mano de distintas universidades; la digitalización y la conectividad universal; la legislación y el impacto demográfico; o cómo se construye cohesión territorial y social desde el mundo local.
